Meses de espera y bolsillos flacos: la odisea cotidiana de las familias con discapacidad en Córdoba

Son las diez de la mañana en una calle cualquiera de barrio Alberdi y el sol todavía pega fuerte sobre las veredas. María, vecina del lugar, espera en la puerta de su casa con una carpeta bajo el brazo y un turno que le dieron para dentro de cuatro meses. Me cuenta, mientras acomoda a su hijo en la silla, que conseguir ese papel le llevó casi un año de llamadas, de insistir en la guardia de un hospital y de pedir favores. La escena, que se repite en otras esquinas de la ciudad, es la misma que describe un informe presentado por la Defensoría del Pueblo de Córdoba el 5 de octubre de 2026, donde se relevan las demoras que atraviesan las personas con discapacidad y sus familias para acceder al Certificado Único de Discapacidad, a terapias, a prótesis y a medicamentos.

Turnos que se estiran y especialistas que no aparecen

Para quienes necesitan tramitar el Certificado Único de Discapacidad, el documento señala que en la Ciudad de Córdoba hay juntas evaluadoras distribuidas en siete hospitales. Dos de esos establecimientos son pediátricos y, según el relevamiento, las citas se otorgan con esperas que van de los dos a los tres meses. A esa dificultad inicial se suman los tiempos para conseguir consultas con los especialistas que intervienen en el proceso, un trámite que suele exigir varias entrevistas con profesionales de distintas disciplinas antes de poder completar la evaluación.

Carlos Galoppo, defensor del Pueblo adjunto a cargo del informe, fue más allá y describió plazos que se extienden mucho más cuando se trata de acceder a prestaciones concretas. En diálogo con este portal, explicó que las demoras para conseguir prótesis y medicamentos oscilan entre los cuatro y los nueve meses, mientras que el ingreso a centros de rehabilitación puede demandar entre nueve y catorce meses. Esos rangos, aclaró, corresponden a lo relevado en el trabajo y no permiten anticipar cuánto demorará cada trámite en particular.

El peso del bolsillo y la sobrecarga sobre las mujeres

Mientras tanto, las familias pagan. Eso es lo que se lee entre líneas del informe y lo que repiten los testimonios recogidos. Una madre entrevistada, cuyo nombre se mantiene en reserva, contó que llegó a desembolsar entre $150.000 y $180.000 solo en sesiones, después de haber sostenido la atención de su hijo por la vía particular durante alrededor de dos años. A esos gastos se suman el transporte, los apoyos pedagógicos y, en muchos hogares, la decisión de reducir la jornada laboral para poder acompañar los tratamientos. El documento advierte que la carga de los cuidados recae de forma desigual sobre las mujeres, con relatos de trabajadoras que resignaron ingresos y hasta dejaron sus empleos para sostener la atención de sus hijos.

• Siete hospitales de la Ciudad de Córdoba cuentan con juntas evaluadoras para el Certificado Único de Discapacidad; dos son pediátricos.
• Las esperas para acceder a prótesis y medicamentos van de cuatro a nueve meses, según el relevamiento.
• Para ingresar a centros de rehabilitación, los plazos oscilan entre nueve y catorce meses.
• Una madre entrevistada refirió gastos de entre $150.000 y $180.000 solo en sesiones, tras casi dos años de atención particular.
• Entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, los aranceles del nomenclador nacional subieron 225% y la inflación acumulada fue 136%.

Las dificultades también golpean a quienes prestan los servicios. El estudio recoge atrasos de varios meses y hasta de un año en los pagos que realizan las obras sociales y los programas estatales, una situación que, combinada con el desfasaje entre aranceles e inflación, pone en jaque a muchas instituciones. En ese mismo período, la nafta súper aumentó 559%, mientras que el valor reconocido por kilómetro para el transporte de pacientes se incrementó apenas 231%, una diferencia que el informe vincula con las complicaciones para sostener los traslados y, en algunos casos, con recortes en los propios servicios.

“Los testimonios describen experiencias y no constituyen una medición estadística de todos los casos. Lo que relevamos es lo que nos contaron las familias y los prestadores, y eso ya alcanza para entender que algo no está funcionando.”Carlos Galoppo, defensor del Pueblo adjunto a cargo del relevamiento

Vuelvo a la puerta de aquella casa en barrio Alberdi y me cruzo otra vez con María, que sigue esperando. Me dice que no está enojada con los profesionales, a los que describe como gente que se rompe trabajando, sino con un sistema que no acompaña. Esa misma frase se lee, casi con las mismas palabras, en los testimonios que recoge el informe. La Defensoría del Pueblo aclara que el documento se elaboró con entrevistas y grupos focales, por lo que sus resultados no son una foto estadística de la totalidad de los casos, sino una descripción de experiencias que, según el organismo, se repiten con demasiada frecuencia como para pasarlas por alto.