La pareja del titular de una concesionaria de Pilar declaró como indagada y apuntó contra compradores morosos

Cynthia Chamoles, de 44 años, fue indagada por el fiscal Andrés Quintana en la causa que se sigue contra la concesionaria Autos Pilar Premium, de Pilar, luego de ser detenida junto a su pareja y socio, Carlos González, de 43, en el barrio cerrado Las Condes. La mujer se desligó de las acusaciones y atribuyó el incumplimiento de la firma a la mora de clientes que habían financiado vehículos y dejaron de pagar en el último período.

La versión de Chamoles

Según fuentes judiciales, Chamoles aseguró que la empresa conserva pagarés documentados por entre 500.000 y 600.000 dólares y que la deuda total a cobrar ronda los dos millones de dólares. Entre los morosos señaló a un DJ de reconocida trayectoria, cuya identidad se mantiene reservada, al que la concesionaria habría entregado una Land Rover Evoque por la que nunca cobró los 120.000 dólares adeudados.

También mencionó una Lamborghini Urus valuada en 800.000 dólares, sobre la que pesa un embargo vigente, y cuya liberación consideró determinante para recuperar liquidez. Según fuentes judiciales, la indagatoria apuntó a demostrar que la sociedad no contaba con fondos suficientes para responder a sus obligaciones por la falta de pagos de los compradores.

Los damnificados y la causa federal previa

En el expediente figuran al menos 35 damnificados. Entre ellos se encuentra Joaquín Pichot, hermano del excapitán de Los Pumas Agustín Pichot, quien entregó una camioneta Ford Ranger Raptor en consignación y, según la denuncia, no recibió el producido de la venta. También aparece el diputado nacional Manuel Quintar, que habría pagado 285.000 dólares por un Tesla Cybertruck que nunca le fue entregado, parte mediante transferencias bancarias y parte en efectivo.

González, por su parte, describió en su propia indagatoria un descalce financiero de seis millones de dólares y repasó la trayectoria de la concesionaria, que pasó de un local en el Shopping Champagnat a una sede sobre la colectora del ramal Pilar de la Panamericana, con picos de cien vehículos vendidos por mes. Atribuyó el inicio de la debacle a una causa federal por desobediencia, originada cuando el juez federal de Campana ordenó el retiro de vehículos exhibidos en un predio lindante a la autopista usado como playa no autorizada. Tras una nueva ocupación del lugar, el magistrado dispuso el secuestro de nueve unidades y procesó a González por desobediencia.

Próxima instancia procesal

La fiscalía de Quintana, a cargo de la fiscalía de turno en Pilar, aguarda ahora las medidas de prueba solicitadas por las partes y la resolución del juzgado respecto de la situación procesal de C. G. y C. Ch., mientras continúa la identificación de damnificados y la valuación de los vehículos involucrados en la causa. La próxima instancia será la definición sobre la prisión preventiva o la excarcelación de los imputados, según el avance de las pericias contables y los testimonios pendientes.