La Justicia procesó con prisión preventiva al exagente R.M. por lavado de activos y le trabó un embargo de 300 millones de pesos

La Justicia federal procesó con prisión preventiva al exagente de la SIDE Raúl Martins, de 77 años, por el delito de lavado de activos, y le ordenó un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos. La decisión fue adoptada por la jueza María Servini, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 1, según fuentes judiciales.

La resolución, a la que tuvo acceso este portal, sostiene que el imputado habría intervenido en una serie de operaciones destinadas a incorporar al circuito económico formal dinero que, en principio, provino de la explotación sexual de mujeres. La pesquisa puso la lupa en adquisiciones inmobiliarias, administración de sociedades y movimientos con participación de familiares directos.

El eje del debate: las fechas de las operaciones

Durante la indagatoria, Martins se negó a responder preguntas y presentó un escrito en el que pidió el sobreseimiento o, en subsidio, la falta de mérito. En su planteo, señaló que las 26 operaciones que le endilgan corresponden a los años 2009, 2010, 2011 y 2012, es decir, anteriores al período que la Justicia consideró acreditado para la explotación sexual, fijado entre enero de 2013 y octubre de 2014.

En el mismo escrito, Martins sostuvo que la condena previa por trata con fines de explotación sexual se redujo al local de avenida Juan B. Justo 5302, en el barrio porteño de Villa General Mitre. Sobre otros nueve establecimientos, afirmó que las acusaciones fueron archivadas por inexistencia del delito de trata de personas.

No obstante, la magistrada rechazó ese argumento. Consideró que una sociedad constituida antes del hecho investigado puede ser utilizada después para administrar o disimular bienes de origen ilícito. Por esa razón, concluyó que la antigüedad de las firmas no alcanza para descartar las maniobras atribuidas.

La estructura societaria bajo la lupa

• La jueza evaluó en conjunto el entramado de sociedades argentinas y extranjeras, los poderes de administración y la participación de familiares del acusado.
• Según la resolución, Martins habría conservado el control efectivo de la estructura aunque no figurara formalmente como beneficiario final en los registros.
• El expediente se inició el 6 de marzo de 2013, a partir de una denuncia anónima al Ministerio de Seguridad que alertaba sobre una presunta explotación sexual de menores en el local de Villa General Mitre.

Próxima instancia procesal

Con el procesamiento firmado, la causa queda a un paso del requerimiento fiscal de elevación a juicio. La defensa de Martins, asistido por sus letrados, adelantó que cuestionará la resolución ante la Cámara de Apelaciones correspondiente, donde buscará revertir la prisión preventiva y, eventualmente, insistir con el sobreseimiento. En tanto, R.M. permanece detenido en el ámbito federal a la espera de los próximos pasos del expediente.