El Gobierno extendió hasta 2027 el régimen que permite a los cosecheros compatibilizar empleo registrado y planes sociales

Para miles de familias que viven de la cosecha, cada temporada plantea una disyuntiva difícil de resolver: aceptar un empleo registrado y arriesgar los planes sociales que sostienen el hogar el resto del año, o rechazar la oferta formal para no perder esa red de contención. Un régimen puesto en marcha en 2021 permite que ambas cosas convivan, y el Gobierno acaba de extenderlo hasta el 1 de septiembre de 2027 mediante el Decreto 1204/2026, publicado esta semana en el Boletín Oficial.

La norma alcanza a los trabajadores encuadrados bajo las modalidades de empleo temporario o permanente discontinuo previstas en la Ley de Trabajo Agrario, así como a quienes realizan tareas agropecuarias mediante contratos eventuales. También cubre a los comprendidos en los Convenios de Corresponsabilidad Gremial. Según los datos que manejaba la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), alrededor de 50.000 personas están alcanzadas por la medida, a las que se suman unos 83.000 hijos de aportantes.

Cómo funciona el régimen en la práctica

• Asignaciones familiares: el trabajador que ingresa a una campaña agrícola no las pierde automáticamente y, además, su monto no puede ser inferior al cien por ciento del valor de la Asignación Universal por Hijo, lo que fija un piso para los hogares con chicos.
• Tarjeta Alimentar: se mantiene durante la contratación, sin importar la modalidad del vínculo laboral.
• Programa Volver al Trabajo: puede conservarse según las condiciones de cada caso, de modo que el ingreso formal no implica quedar afuera de la red de contención.
• Salario y planes sociales: cuando la relación laboral se extiende de manera continua por más de seis meses, ciertos beneficios monetarios —con excepción de la Tarjeta Alimentar— pasan a computarse como parte del sueldo, para facilitar la transición hacia el empleo formal pleno.

Vamos a los números: la prórroga llega después de un año en el que la dinámica del empleo rural mostró señales de fragilidad. Comparado con el mismo mes del año anterior, el sector acumula meses con caídas en la cantidad de puestos formales registrados, en un contexto en el que la UATRE había advertido que unos 120.000 puestos de trabajo rural estaban en riesgo en todo el país por la incertidumbre sobre la continuidad del régimen. La renovación, entonces, despeja por doce meses esa variable y permite planificar las próximas campañas con reglas conocidas.

En paralelo, el esquema contempla una reducción de las contribuciones patronales para los empleadores que contraten bajo estas modalidades, un incentivo orientado a promover la registración laboral en el sector agropecuario. La combinación de ese beneficio fiscal con la preservación de los planes sociales configura, en los hechos, un puente entre la informalidad y el empleo registrado: el trabajador accede a un salario con aportes sin perder de un día para el otro la asistencia estatal, y el empleador encara la temporada con menor costo laboral.

Qué dice la letra chica del decreto

El Decreto 1204/2026 sustituye, además, varios artículos del Decreto 514/2009, que regula las prestaciones de la seguridad social para el personal agrario. Entre los cambios, se ajustan las definiciones de las modalidades comprendidas y se precisa el criterio para considerar discontinuo al personal permanente, siempre con el objetivo de evitar que la estacionalidad de la cosecha deje a las familias sin cobertura. El indicador a seguir en los próximos meses es la evolución de la registración en el sector: si la prórroga efectivamente se traduce en un repunte de altas formales en las próximas cosechas, el régimen habrá cumplido su propósito; si la curva sigue aplanándose, el debate volverá a abrirse en 2027, cuando vence la nueva prórroga (Boletín Oficial).