Detienen a exdirectivos del Puerto de Rosario: los fiscales apuntan a una operatoria de lavado ligada al narcotráfico y a fondos catalanes

Un equipo de cinco fiscales federales solicitó esta semana una serie de detenciones en el marco de una causa que describe cómo una terminal portuaria de uso público fue utilizada para incorporar al circuito legal fondos de dos orígenes distintos: sobornos cobrados en España y ganancias del tráfico de drogas en Rosario, según fuentes judiciales consultadas por este portal.

El eje de la acusación

El principal apuntado es G.P.S., contador de 67 años y expresidente de Terminal Puerto Rosario (TPR). En 2023, un tribunal ya lo había condenado a siete años de prisión por integrar la organización de un narcotraficante peruano. Desde una financiera ubicada en calle España al 889 —considerada una de las cuevas de cambio más grandes de la ciudad—, G.P.S. proveyó dólares para la compra de cocaína, de acuerdo con el expediente.

Un allanamiento realizado en octubre de 2021 en ese local permitió secuestrar más de 34 millones de pesos, divisas, más de cuatro kilos de cocaína y armas, según consta en el material de la investigación.

El ingreso de los fondos catalanes

La causa actual agrega una segunda capa. Entre 2004 y 2005 ingresaron a TPR fondos provenientes de una firma offshore vinculada a J.P.F.: 1.850.000 euros transferidos a una sociedad local que usó ese capital para financiar el crecimiento de la concesionaria. La justicia española determinó, en un fallo confirmado en 2021, que el patrimonio de esa familia tuvo origen en comisiones y sobornos vinculados a la adjudicación de obra pública y licencias urbanísticas en Cataluña durante décadas.

El esquema en tres pasos

• El dinero de origen ilícito entraba al puerto disfrazado de inversión societaria.
• Entre 2010 y 2012, el paquete accionario se vendió por tramos a empresas del sector agroexportador: lo que había ingresado como inversión salía como precio de venta.
• Parte de esos fondos regresó al exterior mediante un convenio de deuda simulado que le transfirió a G.P.S. 850.000 dólares en cuotas a una cuenta en los Estados Unidos.

Para el tramo final del esquema, los fiscales identificaron al menos diez contratos de préstamo entre empresas del grupo y otras firmas, en los que se depositaban cheques y se retiraba el equivalente en efectivo de inmediato, con el único fin de completar la operatoria, según el detalle al que tuvo acceso esta redacción.

El embargo solicitado por la fiscalía de turno asciende a unos 100 millones de dólares. La próxima instancia procesal será la audiencia en la que el juez federal resolverá sobre los pedidos de detención y las medidas cautelares sobre los bienes de los imputados.