Condena a un enfermero rosarino por venta de fentanilo y otras sustancias hospitalarias

Un enfermero del Policlínico PAMI II de Rosario fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión efectiva por vender fentanilo y otros medicamentos de uso hospitalario que sustraía de su lugar de trabajo. La resolución fue homologada por el juez federal de garantías Carlos Vera Barros en una audiencia desarrollada el 4 de septiembre, en el marco de un acuerdo pleno entre la fiscalía y la defensa.

Luis Benavídez, de acuerdo con la información judicial, trabajaba en el establecimiento desde 2014. La acusación sostuvo que ofrecía las sustancias por redes sociales y coordinaba las entregas con los compradores. La pesquisa acreditó que los medicamentos estaban destinados a consumo recreativo.

Los delitos reconocidos

• Comercio de estupefacientes, por la venta de fentanilo.
• Comercialización de sustancias medicinales peligrosas con ocultamiento de su carácter nocivo, a raíz del bromuro de vecuronio.
• Hurto.
• Tenencia ilegítima de un arma de fuego de uso civil, por una pistola secuestrada durante uno de los allanamientos.

Además de la pena de prisión, Benavídez quedó inhabilitado por cuatro años y seis meses para ejercer la enfermería y para ocupar cargos públicos. Según fuentes judiciales, el acuerdo incluyó el reconocimiento de los hechos, la intervención del imputado, la prueba de la acusación, la calificación legal y la pena solicitada por el Ministerio Público Fiscal.

La investigación se originó a partir de la denuncia del padre de un hombre de 37 años, hallado muerto en su departamento el 9 de agosto de 2023. El familiar aportó a la Unidad Fiscal Rosario el teléfono de la víctima y documentación en la que señalaba que su hijo consumía fentanilo y otras sustancias adquiridas a un enfermero. Del celular se extrajeron conversaciones y mensajes de audio que, para la fiscalía, permitieron reconstruir la modalidad de venta y la coordinación de las entregas.

La causa inicial por la muerte había sido archivada en la justicia provincial. La autopsia no pudo determinar una causa de fallecimiento y el laboratorio no contaba con las técnicas necesarias para confirmar la presencia de vecuronio. Aunque no se descartó un origen toxicológico, el resultado impidió atribuir el deceso a una sustancia específica. La denuncia del padre redireccionó el expediente hacia la Justicia federal, que avanzó con la pesquisa por la comercialización de los medicamentos.

Con la homologación del acuerdo, el expediente quedó a un paso de quedar firme, salvo que se revisen los términos de la condena. La próxima instancia será la lectura integral de la sentencia y, en caso de corresponder, el eventual inicio del cómputo de la pena por parte del Tribunal Oral Federal que intervenga.